Mientras Chile fue un Estado confesional la materia religiosa constituía política de Estado y, por lo mismo, formaba parte del organigrama del Estado, por lo general, vinculada a un ministerio, variando, según las épocas, del de Relaciones Exteriores, al de Instrucción Pública o del Interior. Era el mecanismo utilizado por los gobiernos para interferir abiertamente en los asuntos religiosos que, por esos años, eran los de la Iglesia católica. En otras palabras, era el cauce para llevar adelante la política regalista de intervención en los asuntos de la Iglesia, lo que ocurrió hasta el año 1925, año en que se produjo la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. A partir de ese momento desapareció del organigrama del Estado toda oficina referida a lo religioso y, a decir verdad, nunca se sintió la necesidad de ella.
El año 2007, sin embargo, el actual gobierno creó la Oficina nacional de asuntos religiosos, dependiendo del Ministerio secretaría general de la presidencia, relacionándose con dicha cartera a través de la división de relaciones políticas e institucionales. La dirige un consejo de cuatro miembros, y su propósito es crear una relación de carácter fluido y permanente con las distintas iglesias y organizaciones religiosas del país, tras la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos propios de estas entidades; su objetivo general es asesorar al gobierno en materias especializadas que se vinculen a iglesias y organizaciones religiosas, para apoyar y orientar soluciones prácticas respecto de su campo específico.
Se trata, en mi opinión, de una iniciativa dirigida más bien a contentar al mundo evangélico, pues desde que se produjo la separación de la Iglesia y el Estado en 1925 no se había sentido la necesidad de una tal oficina gubernamental. La misma composición de su consejo lo muestra de manera clara, toda vez que, de los cuatro miembros, tres son evangélicos y sólo uno es católico, en circunstancias que los datos sociológicos muestran que el porcentaje de católicos en Chile es muy superior al de protestantes. Según el censo del año 2002, el 69,96%, se declaró católico, en tanto que sólo el 15,14%, se declaró evangélico. Se trata de una oficina de coordinación que carece de cualquier poder resolutivo, por lo que está por verse la utilidad de la misma.
A esta oficina de asuntos religiosos a nivel oficial hay que agregar otras oficinas, preocupadas de lo mismo, pero a nivel municipal. Hasta ahora hay 35 municipios que tienen instaladas oficinas de asuntos religiosos al interior de las municipalidades. Se trata, al parecer, de iniciativas propias de los municipios, pues dichas oficinas municipales no son dependientes de la oficina nacional, pero parece claro que ella las promueve. Es posible, pues, que estas oficinas municipales vayan extendiéndose.
A la luz de esto resulta curioso observar como va solapadamente instalándose lo que podríamos llamar un neo regalismo que parecía que había sido definitivamente descartado de nuestro suelo. La experiencia histórica muestra que estas oficinas gubernamentales terminan siempre por abusar coartando de mil maneras la libertad religiosa. El manejo de las conciencias es un instrumento demasiado poderoso como para no tomarlo en cuenta, incluso por Estados que se dicen democráticos; no es de extrañar, entonces, que esta oficina se encuentre al alero de un ministerio esencialmente político como es el ministerio secretaría general de la presidencia. Me parece, pues, que hay que mantener con estas oficinas una actitud de observación atenta y quizá, aplicar con ellas, por analogía, aquel viejo dicho según el cual del mulo mientras más lejos más seguro.
